Dr. Armando Jiménez San Vicente, Observatorio Sistemas Judiciales en Iberoamérica
Crisis de legitimidad institucional
El Presidente de la República del Perú, Pedro Castillo, señaló que su país enfrenta una crisis institucional sin precedentes ante el Congreso. Un mensaje de reforma institucional, el cual parece no trascendió en la agenda política, inmersa en un proceso de desafuero. Un llamado a cambiar las leyes en una nación asfixiada por las normas y los procesos legales, frente una crisis institucional del sistema de justicia y gobernabilidad.
Para el Ejecutivo nacional “la polarización y la confrontación política desenfrenada, desde hace más de un quinquenio, viene afectando la gobernabilidad y nuestra frágil institucionalidad democrática,” según explicó al Congreso.
Añadiendo en el discurso: la “ciudadanía…hace esfuerzos para salir … de una crisis institucional dañina y perniciosa para la viabilidad y rumbo de nuestro país.” Una crisis institucional del sistema de justicia causada por leyes e instituciones judiciales ineficientes para luchar contra la corrupción, según el Presidente.
Lucha contra la corrupción
Hasta hace poco Perú era considerado uno de los sistemas de referencia en temas de legalidad y lucha contra la corrupción en América Latina. Hoy parece que la nación está atrapada en una maraña normativa y crisis de legitimidad de las instituciones encargadas de la justicia que asfixia política y económicamente al país.
El Mandatario Peruano asegura que la crisis de gobernabilidad que vive el país es resultado de la falta de acuerdos políticos e instituciones manchadas por la corrupción.
“El Estado nos falló, se dejó invadir por la corrupción. Me niego a creer que la justicia seguirá ciega frente a tal atropello,” comentó.
La lucha contra la corrupción y el desencuentro político ha llevado al Presidente a enfrentar dos procesos de destitución. Así como, la remoción de su gabinete en 4 ocasiones a solo 7 meses de asumir el cargo. Condiciones que han generado un clima de inestabilidad política e incertidumbre para la gobernabilidad democrática y el desarrollo económico y social del país.
El mandatario peruano criticó a las instituciones que luchan contra la corrupción. Señalando que las principales instituciones encargadas de la administración de justicia sufren de legitimidad en sus funciones. Ya sea por ineficiencia, o porque operan con mandatos vencidos o no cuentan con el quoroum requerido, violando la ley.
Politización e Ineficiencia de las Instituciones responsables de la Justicia
Las instituciones encargadas de la administración de Justicia están en crisis de acuerdo al Presidente Castillo. El Tribunal Constitucional, el máximo órgano jurisdiccional no cuenta con el quorom legal para operar. Otras instituciones encargadas de la administración de justicia también están afectadas de una crisis de legitimidad y eficiencia.
Además, criticó severamente la actuación de los órganos responsables de la lucha contra la corrupción. Señalando el descontento social con los resultados de los expedientes contra la constructora Odebrecht, después de 7 años. Además, acusó al Ministerio Público, de “no realizar las investigaciones con celeridad, objetividad, e imparcialidad conforme a la ley.”
En cuanto a la Defensoría del Pueblo denunció que trabajan con mandato vencido. Sugiriendo que se habían dedicado más a promover la vacancia del Ejecutivo que cumplir con sus funciones. A los procuradores los señaló por abandonar su rol fiscalizador y concentrarse en “deslegitimar el Gobierno del Pueblo.”
Para destrabar la crisis institucional que vive el país, el Presidente sugirió cambios en la legislación y nuevas normas. Una propuesta para un país asfixiado por las miles de normas y complejos sistemas administrativos. En la Comisión Multipartidaria Proinversión del Congreso peruano, el Contralor General, Nelson Schack, declaró que 2369 obras pública estaban paralizadas por irregularidades, añadiendo que “hay mucho problema de corrupción en las obras de contratación por administración directa”.
Esta crisis de las instituciones encargadas de la administración de justicia pone en serio riesgo la gobernabilidad democrática y la certidumbre jurídica necesaria para el desarrollo económico y social del país.
Para mas información sobre la crisis institucional ver artículo del autor en The Conversation