Existe un estrecho binomio entre derecho y economía, con puntos de encuentro que hacen que ambas disciplinas se complementen. La Justicia y su relación con el desarrollo económico se construye a través de la certidumbre jurídica que las empresas, los negocios y las inversiones necesitan para desarrollarse.
La seguridad jurídica constituye una premisa indispensable para la toma racional de decisiones empresariales y económicas y, por ello, se ha convertido en un factor esencial de competitividad en una economía globalizada. La eficacia y eficiencia de los sistemas judiciales nacionales, dependientes en última instancia de la rapidez, certidumbre y previsibilidad de las decisiones de sus tribunales, las cuales son claves para el crecimiento económico y la inversión. Un libro útil para comprender esta estrecha codependencia y el valor de la justicia para la Economía, lo encontramos en el libro de A. Smith, The Wealth of Nation (1779). En este el autor destaca la estrecha correlación entre ambas disciplinas y como la justicia es necesaria para generar certidumbre y permitir que florezca la actividad económica.
Adam Smith sostenía que la libertad y la seguridad dependen de la administración imparcial de la justicia. Sin éstas dos condiciones no se puede dar un ambiente propio para que os negocios se desarrollen. Un sistema judicial imparcial e independiente:
“Para que cada persona se sienta plenamente segura de cualquier derecho que le corresponda, no solo es necesario que el poder judicial esté separado del poder ejecutivo, sino que debe tener respecto de éste, la máxima independencia y el juez no debe ser destituido por el ejecutivo.”
Adam Smith, La Riqueza de las Naciones
El modelo de economía globalizada y la justicia
La Justicia y el Estado de Derecho han retomado relevancia a partir de la implementación global del modelo económico liberal en la última década del siglo XX, como señaló Pérez Perdomo (1993) sobre la importancia de la justicia en los tiempos de globalización, particularmente en América Latina y el Caribe. Otro autores como Pastor (1989), y Posner (1981) también resaltaron su importancia para la consolidación de una economía globalizada. Sin embargo, en la región de Iberoamérica los procesos de reforma judicial y la economía de mercado se fueron dando lentamente y con avances limitados Cabrillo F., y Pastor S. (2001). López Ayllón preparó un detallado estudio para la VII Cumbre de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia sobre los efectos de la globalización en los poderes judiciales de Iberoamérica y la seguridad jurídica.
Cabrillo, F. y Pastor sustentan que lo que los ciudadanos y las empresas necesitan el sistema jurídico que ofrezca seguridad y certidumbre para prosperar y para generar riqueza (Cabrillo, F. y Pastor, S. 2011, p. 22). Por su parte, Laporta señala que existe una relación esencial entre la economía de mercado y el sistema jurídico, hasta el punto de que se ha dicho que «el Derecho es nada menos que condición de posibilidad de la economía de mercado» (Laporta, 2007: 244)
Desafortunadamente, aunque las Reformas Judiciales y su impacto en el Desarrollo Económico ha sido un tema ampliamente discutido por los especialistas no ha generado el impacto suficiente en los actores políticos, particularmente en América Latina como lo muestran una multitud de estudios sobre la evolución de los sistemas judiciales partir de los 90s.
La certidumbre y el Estado de Derecho
La certidumbre jurídica constituye una premisa indispensable para la toma racional de decisiones empresariales y económicas. Por ello, la seguridad jurídica se ha convertido en un factor esencial de la la competitividad en un mundo económicamente globalizado.
El derecho es necesario para las transacciones comerciales, siendo un principio angular de la economía globalizada. Olson escribió:
“Para hacer efectivas todas las ventajas del comercio tiene que haber un sistema jurídico y un orden político que aplique los contratos por la fuerza, proteja los derechos de propiedad, ejecute los acuerdos de las hipotecas, suministre el marco para las sociedades de responsabilidad limitada y facilite un mercado de capital duradero y amplio que haga que las inversiones y los préstamos sean más líquidos de lo que lo serían de otro modo. También tiene que darse la expectativa de que estas ordenaciones duren en el tiempo “
(Olson, 2002, p. 185).
Varios tratadistas han estudiado la relación entre el estado de derecho, la impartición de justicia y el desarrollo económico. Para uno de los principales tratadistas del AED, Richard Posner el sistema jurídico y una jurisdicción previsible y eficaz pueden asegurar dosis de certeza que faciliten la toma de decisiones empresariales y económicas. Así como que permitan reducir costes. La reducción de costes es uno de los pilares de la economía, que se sustenta en la libre transacción de bienes o servicios entre las partes, para generar riqueza u optimizar el uso de los recursos escasos. Desde el punto de vista empresarial para generar riqueza se requiere la optimización de la riqueza a través de la reducción costes y la mejora en la productividad. Posner abogado y economista, retoma la teoría de Coase sobre la función de la regulación y las decisiones jurisdiccionales sustentadas en principios de libre mercado, con el fin de reducir al máximo los costes de transacción (Posner, 2012)
Los académicos De Shazo y Vargas (2004), insisten que la inversión extranjera y la competitividad de América Latina no se fortalecerá hasta que no se reformen los sistemas judiciales y que sus eficiencia y resoluciones den verdadera certidumbre a los inversionistas extranjeros. La certidumbre jurídica es necesaria para la inversión. Hammergren (1993) a principios de los 90s señalaba que pese al impulso de los organismos internacionales, las instituciones encargadas de la impartir justicia y aplicar el derecho no habían cambiado de forma importante, pese a los recursos adicionales y la evidente necesidad de una reforma. Casi 20 años después el Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos de Washington D.C., ha expresado la misma preocupación, de sistemas judiciales en América Latina que no han evolucionado a las nuevas realidades económicas, políticas y sociales que trajo la globalización. Destacando la imperiosa necesidad de reformas de fondo en toda la región.
El Reporte de Clima de Negocios del Banco Mundial
La estrecha relación entre derecho, justicia y desarrollo económico se manifiesta en el clima de negocios para la apertura y desarrollo de los negocios y las empresas. Un ejemplo muy evidente es la metodología que ha venido usando el Banco Mundial para medir el clima de negocios y la facilidad del marco institucional y jurídico para que florezcan y se desarrollen las empresas. El Reporte de Clima de Negocios del Banco Mundial (Doing Business Report) evalúa la regulación y los tiempos para cumplir con esta, así como los tiempos en la resoluciones judiciales como indicadores que influyen directamente en el desarrollo económico de una región. Entre los indicadores existen métricas que se aplican bajo el mismo supuesto y que miden la complejidad para la creación de una empresa, la obtención de un lugar, el acceso a financiamiento, el manejo de operaciones cotidianas como pagar impuestos, comercio internacional, contrataciones con el gobierno, hasta lo que llaman la operación empresarial en un entorno seguro que incluye indicadores sobre el tiempo en juzgados para el cumplimiento de un contrato o la resolución de insolvencia. Así la eficiencia del sistema judicial, junto con la claridad, coherencia y estabilidad del sistema judicial son fundamentales para generar certidumbre jurídica para el desarrollo de las empresas y la atracción de inversiones un un mundo globalizado y altamente competitivo.
Reglas claras y sentencias rápidas para promover el clima de negociosGracias a la implementación de estos indicadores se ha cerrado la brecha entre las naciones mas y menos desarrollados, generando estándares globalizados, siendo África y América Latina una de las regiones que como resultado del ejercicio implementaron un mayor número de reformas regulatoria en favor de los negocios. Del 2003 hasta el 2020, 128 economías habían aplicado 722 reformas legales en el área de apertura de negocios lo que llevó a reducir a eliminar obstáculos y reducir los tiempos. Lo que se tradujo en que los costes de apertura de un negocio en las economías de un ingreso bajo y medio se redujeron de 140 a 25 % en comparación al ingreso era cáspita de estas naciones. A partir del 2020, el modelo ha cambiado de nombre y ligeramente en su metodología.
La teoría sobre globalización muestra la estrecha relación entre la impartición eficaz de la justicia y el desarrollo económico y prosperidad de las naciones.
Extracto del Libro: Jiménez San Vicente, Armando. (2022) Los Sistemas Judiciales en Iberoamérica: Una Reforma Pendiente. STMBA- Instituto para la Gobernabilidad Democrática y la Innovación Pública. Madrid.