Desafíos de los sistemas judiciales en Iberoamérica
Un diagnóstico generalizado sobre los desafíos de sistemas judiciales en Iberoamérica nos muestra que estos enfrentan importantes retos para el cumplimiento de su mandato con eficacia y eficiencia. A pesar de que España y Portugal se encuentran en una posición mejor en cuanto al desempeño, también sufren de falta de confianza de la ciudadanía. Otros desafíos comunes incluyen la falta de recursos económicos y humanos, hasta serios cuestionamientos sobre su independencia, trato igualitario y accesibilidad en América Latina. Adicionalmente varios especialistas consideran que en ALC, la administración de justicia se utiliza reiteradamente como un instrumento político para la persecución de adversarios políticos, lo que mina aún mas la confianza ciudadana en las instituciones judiciales.
Entre los principales desafíos y tendencias a los sistemas judiciales encontramos:
a) Falta de credibilidad social y legitimidad institucional.– las encuestas en la región muestran un seria falta de confianza en las instituciones relacionadas con la impartición de justicia, lo que genera que sea cuestionada su función y legitimidad.
b) Presupuesto gubernamental bajo.- A lo largo de la región se muestra que en términos presupuestales los poderes legislativos no consideran a aplicación de la justicia como una prioridad, al asignarles poco presupuesto para su función. Mientras que el Poder Ejecutivo seguido hace recortes presupuestales que merman la eficiencia de la impartición de justicia. En América Latina casi todos los países se encuentran en niveles de inversión por presupuesto total (2% o menos) o del PIB, por debajo de los países que integran la Unión Europea o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
c) Eficiencia institucional.– existen poco indicadores disponibles para medir la eficiencia de los juzgados como organizaciones que prestan una función, en medio de políticas que no fomentan la transparencia ni la rendición de cuentas en el sector.
d) Independencia Judicial.- Un tema omnipresente en la región es la percepción de falta de independencia del poder judicial frente a los actores económicos, sociales y políticos poderosos. En muchos casos inclusive se percibe un contubernio con ciertos grupos en la función jurisdiccional. El poder ejecutivo sigue ejercido mucha influencia y avances presión en las decisiones judiciales de trascendencia.
e) Judicialización de la Política.– En la región se percibe un preocupante uso de la justicia selectiva como un instrumento político para marcar distancia con administraciones del Ejecutivo anteriores o para vendettas personales o políticas. Esta discrecionalidad en la aplicación de la ley, solo contribuye a la falta de credibilidad en las instituciones judiciales. Esta situación ha llevado a algunos países de la región a la parálisis y la ingobernabilidad.
f) La rendición de cuentas y la transparencia.- Dentro de la gobernabilidad democrática se ha avanzado mucho en la región en la transparencia y la rendición de cuentas (destacan España y Portugal por los estándares requeridos en la Unión Europea). Sin embargo, las políticos de Gobierno abierto no han trascendido de igual forma en las instituciones judiciales, donde se aprecia resistencia. Desde la academia y la sociedad civil existen importantes esfuerzos por cuantificar y medir la eficiencia y el desempeño de las instituciones judiciales, haciéndolas mas transparentes ante la ciudadanía. Destaca la Red Iberoamericana de Información y Documentación Judicial.
Los Nuevos Ejes Transversales en los Sistemas de Justicia
Resultado de las teorías de la Gobernabilidad y Gobernanza, se aplican nuevos ejes transversales para todas las políticas públicas de todo el quehacer gubernamental, incluyendo la administración de justicia. Estos nuevos ejes buscan no solo atender los desafíos a los sistemas judiciales, sino que marcar tendencias en la función jurisdiccional. Entre estos ejes transversales del quehacer público encontramos la Defensa de los Derechos Humanos, el Gobierno Abierto y el Desarrollo Sostenible, como pilares centrales en la gestión pública. En materia de derechos humanos, se ha procurado sobretodo la igualdad de derechos y accesibilidad a la justicia entre los ciudadanos. Se enfatiza a nivel institucional particularmente la igualdad de género y frente aquellos grupos considerados en desventaja (capacidades diferentes) o que han sido tradicionalmente diferenciados como los migrantes, indígenas o colectivos LGTB. En estos temas existen importantes avances en toda la región, y se muestran con claridad tanto en las políticas, la formación de jueces, así como en el ejercicio jurisidiccional. El reciente libro del Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de México, Arturo Zaldívar, “Diez Años de Derechos: Autobiografía Jurisprudencial ” da fiel testimonio de la construcción de estos nuevos derechos de igualdad y acceso, a través de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia en México que les tocó impulsar en los últimos años.
Otro de los grandes desafíos de los sistemas judiciales es el acceso y la atención igualitaria de todos los participantes en el proceso. Entre las nuevas tendencias encontramos las 100 reglas de Brasilia, que deben gobernar las decisiones judiciales y que ampara a colectivos tradicionalmente vulnerados como las mujeres, migrantes, indígenas, etc. Otro tema transversal que se incluye cada vez de forma mas importante son los derechos humanos relacionados con la protección del medio ambiente y la sostenibilidad. El Pacto Mundial reivindica a los derechos humanos como base para la gestión de la sostenibilidad. El recurso natural como patrimonio de la humanidad y el derecho humano de un explotación sostenible. Por último, está el tema de Gobierno Abierto, que incluye la transparencia, la lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas. En este rubro a pesar de la introducción de nuevas tecnologías a los sistemas judiciales, en transparencia y rendición de cuentas no se ha avanzado al mismo ritmo que otras ramas del quehacer gubernamental. Encontramos por otro lado importantes avances en la lucha contra la corrupción judicial a lo largo de la región.
La evolución constante de los sistemas judiciales
El Derecho es una disciplina en constante cambio y transformación, experimenta un proceso de adaptación a las necesidades, valores y creencias de los ciudadanos. No puede mantenerse estático, se transforma y ajusta a la realidad social cambiante. En el siglo xx experimentó una rápida evolución debido a los cambios sociales. En el siglo XXI la globalización y las disrupciones tecnológicas superan por mucho la adecuación de la norma y los sistemas judiciales.
Por ello, los sistemas judiciales deben estar en constante proceso de reforma y evolución. De ahí parte la perenne necesidad de ir ajustando las normas y los criterios en la aplicación de la ley a las nuevas realidades sociales. El Estado debe hacer suyo el compromiso de la modernización permanente de las instituciones encargadas de la impartición de justicia, para mantener el paso a la transformación social. Las reformas judiciales son la forma de atender esas necesidades ciudadanas, sobre todo cuando el Estado le está fallando en su primera tarea de protección a la integridad y seguridad personal y de los bienes de los ciudadanos.
El espíritu de todas las Reformas Judiciales es mejorar la calidad en la administración de justicia, haciéndola mas clara, justa y expedita, a fin de generar certidumbre entre aquellos que hagan uso de ella y hacer justicia en aquellos que han sido agraviados. Asimismo, contribuye a la mejora del funcionamiento del propio Estado, haciéndolo mas eficiente.
Los sistema judiciales son organismos inmersos en los procesos de reestructura, cambio e innovación tecnológica que experimentan todo tipo de organizaciones e instituciones públicas y privadas. Estas organizaciones incorporan nuevos procesos y ajustes tecnológicos para mejorar su eficiencia organizacional, como para mejorar su eficacia (capacidad para cumplir con su cometido). En esa tarea las teorías y metodologías del Análisis Económico del Derecho (AED) contribuyen a mejorar la eficiencia organizacional de las instituciones encargadas de la administración de justicia. El AED permite ofrecer propuestas económicamente eficientes y políticamente viables para implementar políticas públicas y reformas judiciales que mejoren la percepción e impartición de Justicia.
Extracto del Libro: Jiménez San Vicente, Armando. (2022) Los Sistemas Judiciales en Iberoamérica: Una Reforma Pendiente. STMBA- Instituto para la Gobernabilidad Democrática y la Innovación Pública. Madrid.